Norma Devarie, presidenta de la Cooperativa de Cardiólogos, opinó que muchos especialistas podrían no aceptar la Reforma en sus despachos. (GFR Media)

 

Proveedores de diferentes sectores advierten que perjudicará aún más el inestable sistema sanitario del país

El año pasado, se fueron 700 médicos del país. Este año, se prevé que el número será mayor y se anticipa que esto continuará desestabilizando los servicios de salud del país, sobre todo el acceso a los pacientes.

La nueva estocada es la baja en las tarifas del nuevo modelo del Plan de Salud del Gobierno (PSG), reducción que, además de la fuga de médicos, podría acelerar el cierre de laboratorios, farmacias y otros servicios, y también causar obstáculos en el servicio directo a pacientes, como citas médicas tardías y limitaciones en los servicios disponibles.

A poco más de tres meses de que se implante la nueva Reforma, impera la incertidumbre en diferentes sectores de la salud ante el inicio de un modelo que promete una mayor libre selección al paciente pero que aún no ha concretado la etapa de contratación de los proveedores.

Este es parte del escenario que impera a pesar de que el año pasado se informó que el gobierno federal financiaría el 100% de la Reforma durante un período de dos años.

“Si se supone que la ASES (Administración de Seguros de Salud) tiene el dinero (del gobierno federal para el programa Medicaid), una reducción de tarifas no hace sentido”, manifestó Marta Rivera, presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales.

La ASES es la corporación pública encargada de armar la estructura administrativa que regirá la Reforma.

En julio del año pasado, la directora ejecutiva de la ASES, Ángela Ávila, expresó que ajustes efectuados entonces en las tarifas respondían a que el pago de ciertos procedimientos presuntamente estaban “por encima” de las tarifas de Medicare y Medicaid. Laboratorios, farmacias y centros de radiología fueron para ese momento los más afectados con las medidas ejecutadas por el gobierno en busca de ahorros.

Información obtenida por este diario detalla que parte de los acuerdos entre el gobierno y las aseguradoras que administrarán la Reforma bajo el nuevo modelo incluye una modificación en los pagos a proveedores.

Por los servicios de cardiología y medicina nuclear, pagarán el 80% de la tarifa de Medicare del 2016, mientras que al resto de los proveedores se les pagará el 70%. La excepción, se informa, serán los servicios de radiación oncológica, hematología y oncología, urología, radiología intervencional y servicios de diálisis, a quienes se les pagará el 100% de las tarifas fijadas en el programa de Medicare en el 2016.

“Están tratando de dividir a los médicos, pagándoles a unos el 100% de las tarifas de Medicare del 2016, a otros el 80% y a otros el 70%. El efecto va a ser que no va a haber especialistas en la Reforma y se va a sobrecargar el Centro Médico”, denunció el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos.

Menos por cateterismos

Entre los perjudicados este año con las nuevas reducciones en los pagos de la Reforma se encuentran los cardiólogos, que hace dos años también fueron blanco de una baja dramática en las tarifas del PSG de la aseguradora Molina Healthcare. En esta ocasión, la disminución impuesta por esta empresa será en los cateterismos, en vigor a partir del 1 de julio.

El Nuevo Día supo que por un cateterismo realizado a asegurados de esta compañía, los cardiólogos recibían un pago de $1,520 por paciente, en el 2016 se lo redujeron a $272.32 y ahora lo bajarán a $217.86.

En el 2016, esta compañía también les redujo los pagos de otros procedimientos, como angiografías de piernas, cuyo reembolso bajó de $241.80 a $58.02.

Los cateterismos son procedimientos invasivos que permiten estudiar la anatomía del corazón y las arterias coronarias. Las angiografías son exámenes que se utilizan para observar las arterias de ciertas partes del cuerpo.

“Vuelven unilateralmente a cambiar las cláusulas del contrato. Dijeron (en el 2016) que el monto que pagan no debía exceder el de Medicare, pero Medicare, aunque paga poco por los procedimientos, paga bien las visitas (médicas) y Molina quiere bajar las dos cosas”, denunció Norma Devarie, presidenta de la Cooperativa de Cardiólogos de Puerto Rico.

Según Devarie, en esta ocasión, Molina alega que las bajas responden a cumplimientos con el contrato con la ASES.

Según la cardióloga, una reunión pautada con Ávila la semana pasada para discutir este tema les fue cancelada el día antes. Este lunes, agregó, radicaron una querella en la ASES por la nueva reducción en los pagos de Molina Healthcare.

“Esto va a afectar el acceso a los servicios, una dilación en un procedimiento invasivo (cardiaco) puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, sostuvo.

De acuerdo con Devarie, como consecuencia de esta acción, otras compañías que administran la Reforma también podrían bajarles las tarifas, lo que anticipó que provocará que muchos especialistas médicos no les den servicio a beneficiarios del PSG.

“Dudo que haya muchos cardiólogos intervencionales en la Reforma”, manifestó.

Recordó que la edad promedio de la clase médica es 55 a 60 años y que muchos médicos recién graduados optan por establecer su práctica fuera del país, lo que dificulta el pase generacional.

Al cierre de esta edición, Molina Healthcare no emitió reacción.

Cierran laboratorios

Después del paso del huracán María por la isla, unos 80 laboratorios clínicos se vieron obligados a cerrar operaciones al no poder recuperarse de las pérdidas ocasionadas. Otra nueva baja en los pagos de la Reforma anticipa el posible cierre de otros más, anticipó Alba Rivera, presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC).

“El problema de la baja en tarifas es que hay pruebas que no cubren sus costos y es difícil para pacientes sin el poder adquisitivo pagarlas”, dijo Rivera, quien resaltó que hay laboratorios de referencia que ya no procesan ciertas pruebas porque les generan pérdidas.

Según explicó José Sánchez, también de la ALC, el costo de facturar las pruebas es de unos $6.75 cada una, mientras el de la toma y preparación es de unos $3.25 por muestra.

“Estamos en un punto que la tarifa ya no paga el costo de la prueba”, dijo Sánchez.

Por su parte, Rivera advirtió que desde hace unos siete años no se revisan las tarifas hospitalarias.

“El no envolver a los proveedores en la toma de decisiones nos deja en una incertidumbre. No sabemos si nos van a contratar a todos los hospitales o no y ninguna (aseguradora) ha hablado de modificación de tarifas”, dijo Rivera.

Agregó que cada año los costos aumentan mientras los ingresos se reducen. Resaltó que hay una gran inestabilidad en el sistema hospitalario del país por varias variables, incluyendo una reducción en el volumen de pacientes que produce una baja en la utilización de servicios, lo que aseguró que algunos le atribuyen a la migración.

“Es una dinámica difícil e inestable”, dijo al comentar que los hospitales están reinventando sus servicios y estrechando lazos con las comunidades para poder darles seguimiento a los pacientes.

Mala medicina

Para Elda Sierra, presidenta de la Junta de Directores de Coopharma, la reducción en tarifas y otras medidas de ahorros van a generar que se practique “mala medicina”.

“Se va a regresar a medicamentos obsoletos (más baratos) cuando hay tratamientos más modernos y de mejor efectividad”, dijo.

Sierra criticó, además, que se les despache a los pacientes medicamentos por 90 días cuando puede que un cambio de medicina no le sea efectivo y tenga que ser cambiado en menos de tres meses.

“Dicen que nos vamos a afectar aún más, como un 30% más (de reducción en las tarifas)”, indicó al lamentar que mientras les siguen bajando las tarifas, los precios de los medicamentos aumentan.

Por su parte, Elba Díaz Toro, presidenta del Colegio de Dentistas, sugirió que en vez de bajar las tarifas, se les aumente al menos un 50% para poder recuperar la inversión en costos de producción y evitar pérdidas.

“Estamos subsidiando la salud oral de la Reforma”, denunció Díaz Toro, quien recordó que un estudio reciente encontró que en el año fiscal 2017 se reportaron pérdidas por $15.4 millones en costos operacionales de proveedores de salud oral que no fueron cubiertas por las tarifas de la Reforma.

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